lunes, 25 de junio de 2018

Profesional en Educación, Periodismo y Comunicación Social

Licenciado Timoteo Tobar Salazar, experto senior en ciencias sociales 

Formación académica

Maestro de Educación Primaria Urbana, por el Instituto Normal para Varones “Antonio Larrazábal”, INVAL, graduado en octubre de 1976. Profesor de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación y Licenciado en Periodismo por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha realizado estudios superiores en comunicación, seguridad ciudadana, derechos humanos y gerencia social; Gestión y planificación de proyectos de cooperación internacional al desarrollo. Candidato al Doctorado en Administración Pública y Políticas Públicas por la Universidad Galileo de Guatemala.

Ha participado en eventos de capacitación sobre comunicación para el desarrollo, la democracia y la paz; seguridad, justicia y derechos humanos; género y multiculturalidad; educación cívica y corrientes políticas; periodismo y economía social de mercado; diseño y gerencia de proyectos sociales, realizados en México, Centroamérica, Estados Unidos de América, Puerto Rico, Bélgica y Portugal. Ha sido invitado especial como conferencista a eventos periodísticos nacionales e internacionales.

Proyección estudiantil y profesional en comunicación social

Como estudiante del Instituto Normal para Varones “Antonio Larrazábal”, INVAL, siempre estuvo en las juntas directivas de grado, siendo directivo estudiantil del equipo para la conmemoración del Primer Centenario del INVAL y promotor / directivo de la Asociación de Estudiantes Invalistas (AEI) y director del periódico “Enfoques Estudiantiles” y Revista Vanguardia Invalista.

Desde su época de estudiante Invalista a la fecha, ha editado diversas publicaciones en periódicos y revistas especializadas sobre educación, medio ambiente y proceso de paz, derechos humanos y periodismo judicial. La semilla sembrada  se ha cultivado en el venir del tiempo.

Proyección y experiencia como docente

Como docente, ha laborado en el Instituto Normal para Señoritas “Olimpia Leal”, Instituto Indígena Nuestra Señora del Socorro, Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, Sección Nocturna; y, Colegio Liceo Antigüeño. Ha ejercido la docencia superior en la Facultad de Humanidades y la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Educación de la Universidad Panamericana de Guatemala y Universidad de la Policía Nacional de Honduras. En la actualidad, docente en la Escuela Superior de Imagen Pública y Escuela Superior de  Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad Galileo.

Proyección social humanística y gremial

Ha sido Presidente del Magisterio Asociado de Sacatepéquez, Presidente de la Casa de la Cultura de La Antigua Guatemala, Presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales de Sacatepéquez, Presidente de la Asociación Guatemalteca de Casas de la Cultura y Presidente de la Cooperativa de Periodistas Departamentales de Guatemala. Además, ha participado como representante del sector prensa en la Asamblea de la Sociedad Civil para facilitar el proceso de paz en Guatemala. Coordinador de la Sede de Antigua Guatemala de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y promotor del regreso de las humanidades a su lugar de origen en 1982, con la Licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación.

Proyección y experiencia profesional nacional e internacional

Como Consultor en Ciencias Sociales, ha gestionado y facilitado procesos de periodismo cívico para construir ciudadanía consciente; comunicación para la democracia y la paz; desarrollo social y proceso de descentralización; seguridad, justicia y derechos humanos; libertad de expresión y acceso a la información pública, para proyectos de organismos internacionales, entre otros: Unión Europea, Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional y la Cooperación Técnica Alemana para el Desarrollo, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional, Fundación Friedrich Naumann y Fundación Konrad Adenauer de Alemania, Federación Internacional de Periodistas; Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo y Programa de Desarrollo Social del Banco Interamericano de Desarrollo.

Reconocimientos y honores especiales

Su trabajo de docencia y comunicación ha sido reconocido por instituciones nacionales e internacionales, como: Universidad de la Policía Nacional de Honduras, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Consejo Superior Universitario Centroamericano, Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Programas de Seguridad y Justicia de la Unión Europea, Asociación Guatemalteca de Casas de la Cultura, Asociación de Periodistas de Guatemala, Cooperativa de Periodistas Departamentales de Guatemala, Magisterio Asociado de Sacatepéquez y Corporación Municipal de La Antigua Guatemala.

Durante más de 40 años, ha compartido su vida profesional entre
la docencia, la  comunicación y el periodismo con proyección social humanística a todo nivel.

 

Condominio La Cañada de San Lucas, Casa 70. San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez, Guatemala
                                 Celular: 502-52046404. e-mail: ttobars@gmail.com

sábado, 9 de julio de 2016

Estado democrático y gestión pública transparente


Estado democrático y gestión pública transparente


Timoteo Tobar Salazar
Candidato al doctorado en Administración y Políticas Públicas


La democratización del Estado, es una oportunidad para un cambio de mentalidad y actitud organizacional. Este “cambio consiste en tomar conciencia que somos parte de un todo y para cambiar el todo hay que conectar el todo”.

En sí, se hace una referencia enfocada sobre las personas que tienen a su cargo la dirección o administración de una institución pública, ya que las actividades que ejecutan las mismas, son un reflejo de las cualidades, habilidades y virtudes que posee la persona al mando de la institución.

Asimismo se puede percibir que derivado a la conciencia y mentalidad que posee el administrador, tanto en su forma de pensar, hablar y actuar, se reflejará en las acciones en favor de la población a la cual presta su servicio.

Que exista una participación ciudadana y de la población en general en la solución de los problemas que aquejan a la sociedad, debe tender por la vía pacífica a encontrar mecanismos racionales en la propuesta de soluciones que afectan a la mayoría de la población.

Por otro lado, la democratización del Estado implica la observancia y respeto de los derechos humanos, la legalidad de los actos administrativos y judiciales, la independencia real de los poderes del Estado y el impero de la ley, para la búsqueda del bien común.

El Estado tiene un marcado carácter instrumental, que aparece como el conjunto de instituciones y organizaciones de las que se dota la propia sociedad para realizar objetivos que ésta considera necesarios. Para ello, la sociedad otorga al Estado la potestad de ejercer un poder coercitivo sobre sus miembros cuando se trata de conseguir dichos objetivos.

En consecuencia, la gestión pública es acción y efecto de gestionar, de administrar y hacer diligencias conducentes al logro de un asunto público o privado. En otros términos, según el Estado actúe, en función de autoridad o en función de gestión; sucediendo esto último cuando la administración pública se ocupa de la defensa de sus intereses.

La nueva tendencia en gestión pública está orientada hacia el logro de mayor eficiencia y eficacia en la atención de las necesidades y demandas  sociales, lo cual exige cambios en la forma de hacer administración pública. De acuerdo con ello, se habla del término gestión  “como el conjunto de decisiones dirigidas a motivar y coordinar a las personas para alcanzar metas individuales y colectivas”. Además, significa la búsqueda de medios para alcanzar dichos objetivos.  Supone la capacidad de buscar otras fuentes de financiamiento que contribuya a proporcionar los recursos para una mejor atención de las demandas sociales en la comunidad nacional, regional y local.

La orientación de la nueva gestión pública está influida por diferentes presiones que obligan al cambio.  Uno de ellos lo constituye el fenómeno de la globalización unida a la revolución tecnológica-informativa  que implica un cambio constante a nivel internacional y nacional.

Las nuevas tendencias de gestión pública están orientadas hacia la propuesta de alternativas diferentes a los modelos tradicionales de gestión y la necesidad de crear una nueva cultura organizacional, que permita a los empleados públicos  asumir  pautas diferentes de trabajo; ponen de manifiesto  una nueva perspectiva  en  la manera en que el Estado se relaciona con la sociedad.

En la práctica, nuestra administración pública presenta serias deficiencias y experimenta una constante devaluación de su capital social. Es imprescindible, implementar la nueva gestión pública, con políticas explícitas, evaluada por objetivos y resultados, que rinda cuentas de manera efectiva y transparente.

La única manera de hacer que las cosas sean distintas es que los poderes públicos instauren un nuevo estilo de gestión. El contexto actual “exige un cambio urgente “del autismo a la comunicación”, de las organizaciones introvertidas a las organizaciones abiertas y extrovertidas, del oscurantismo a la transparencia, del autoritarismo organizativo a la democracia organizativa”.

La información y comunicación se convierten así en uno de los factores internos más importantes para el buen funcionamiento y pervivencia de las organizaciones tanto públicas como privadas, por ser un factor o recurso estratégico que permite implementar la innovación y el cambio organizativo.

El contexto actual, induce a que la gestión pública en las instituciones estatales y municipales, sea cada vez más abierta y comunicativa con el exterior para fomentar el ejercicio del derecho a informar y ser informado entre la ciudadanía de su jurisdicción.

Un Estado democrático, implica una gestión pública que ejerza el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, la Reforma del Estado es “un proceso político por y para la gente”, que requiere la participación democrática y activa de todos los actores sociales involucrados en su diseño, implementación y seguimiento técnico.

Lectura recomendada: Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42396/4/S1701222_es.pdf

sábado, 19 de noviembre de 2011

Experto principal de comunicación pública en Honduras

El Licenciado Timoteo Tobar Salazar, ahora es experto principal de comunicación pública en Honduras para el Programa de Apoyo al Sector Seguridad (PASS), iniciativa cofinanciada por la Unión Europea y el Estado de Honduras, cuyas instituciones beneficiarias son: la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad.

La asistencia técnica que se brinda, está orientada a fortalecer las capacidades profesionales de las unidades de comunicación social de las instituciones del sector seguridad y justicia, ásí como, el diseño y realización de campañas de información educativa en los medios de comunicación social de Honduras, según contrato 2011 - 2014.

En Guatemala durante cinco años (2005 - 2010), desempeñó el puesto de experto en comunicación y sensibilización social del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Justicia (PARJ), iniciativa también financiada por Unión Europea y el Estado de Guatemala. Dicho componente del PARJ, brindó asistencia técnica en acciones de investigación, capacitación y comunicación pública educativa; así como,  el fortalecimiento de las unidades de comunicación social del Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil y Sistema Penitenciario de Guatemala.

sábado, 28 de mayo de 2011

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS RETOS DEL PERIODISMO

Timoteo Tobar Salazar, experto senior en periodismo y comunicación

Resumen

La ponencia analiza la libertad de expresión, los valores éticos y los retos de los medios de prensa en una sociedad democrática. Está dedicada a todas las personas que han ofrendado su vida por ejercer su derecho a informar y ser informado, que han sido "la voz de los que no tienen voz”, en América Latina.

Presentación / introducción


La comunicación es acción y efecto, para compartir ideas, pensamientos, sentimientos y experiencias, a través de las diferentes formas de lenguaje. La comunicación pone en movimiento e inyecta dinamismo a todas las estructuras del más variado orden social. Es la fuerza que dota de cohesión a los grupos para darles la solidez que garantiza su permanencia. La comunicación, es factor cinético de todo organismo social.

En este contexto, la comunicación social es el marco teórico y práctico para investigar, planificar y realizar procesos de la vida moderna: sociales, culturales, cívicos, económicos y políticos. Nada sucede al margen de la comunicación social. Sin ella no hay desarrollo. La comunicación es un eje transversal en todo organismo social.

La comunicación propicia el libre ejercicio del derecho a informar y ser informado para estimular la participación ciudadana en la propuesta de soluciones concretas que permitan promover mejores condiciones de vida a la población de cualquier país del mundo.

El poder de la comunicación debe estar al servicio del beneficio colectivo. El poder es la posibilidad de intervenir para influir y actuar sobre la realidad social.

Para reconstruir la esperanza de nuestras comunidades, es vital que la prensa recobre su papel como portavoz de las causas sociales, en lugar de ser sólo el vehículo de información del poder público.

La libertad de expresión y los valores éticos

Este seminario internacional “retos del periodismo contemporáneo”, está organizado para analizar la libertad de expresión, la ética periodística y el acceso a la información, como baluarte del derecho a informar y ser informado.

En este sentido, considero imprescindible esta reflexión, porque en el ejercicio periodístico, descansa en estos tres grandes pilares de la democracia.

La libertad de expresión es un derecho humano universal, que incluye la libertad de prensa, como fundamento de esa democracia y la vigencia del Estado de Derecho. Aquí en Guatemala y en cualquier país del mundo.

Es la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, el instrumento que garantiza este derecho. Sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reafirma este derecho, pero establece derechos y responsabilidades. Mientras que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, considera el derecho de rectificación o respuesta para la efectiva protección de la honra y la reputación de las personas.

Estos principios, reconocidos universalmente como derechos fundamentales de la persona, han sido plasmados en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Emisión del Pensamiento y demás normas destinadas a la protección de los derechos individuales.

La gran responsabilidad de la prensa, es actuar con sentido ético. Se debe respetar el derecho individual, a la vida privada y a la dignidad humana, conforme a las normas del derecho nacional e internacional sobre la protección de los derechos humanos y los principios éticos que demanda la profesión.

La verdad periodística, como cualquier otra verdad, es subjetiva, incompleta y sesgada, muchas veces por la intención desinformadora de las fuentes, los intereses del periodista o de la política editorial del medio de comunicación social.

La credibilidad del periodista está ligada al “compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad, equidad y la clara diferenciación entre los mensajes comerciales, de opinión y la información periodística”.

Para el o la periodista, buscar siempre la verdad y respetar el derecho del público a conocerla, es un imperativo categórico. Debe considerar su verdad “como punto de partida para encontrar un criterio de verdad más generalizado”.

La labor periodística es sustentar con observaciones e investigaciones, la noticia, el reportaje o el comentario para socializar la información. La naturaleza de la profesión requiere que los y las periodistas promuevan el acceso del público a la información.

“La información se comprende como un bien social”. Esto significa que nosotros como periodistas compartimos con el medio, la responsabilidad de la información transmitida.

El ejercicio periodístico también es praxis filosófica. En la práctica de la corriente del positivismo, es cuando “el sujeto investigador observa los problemas sociales desde fuera, tratando de no contaminarse”. Es decir, de no involucrarse en los problemas para evitar perder la objetividad en su información o comentario analítico.

En cambio, si el periodista es partidario del materialismo histórico – dialéctico, tratará de que la población participe activamente en la recuperación crítica de la realidad en la que vive.

Con este principio, se inicia la práctica del periodismo cívico o periodismo público. En esta corriente, los ciudadanos y ciudadanas se convierten en sujetos del quehacer noticioso. Participan en forma reflexiva, crítica y propositiva, con la mediación del periodista, para construir el conocimiento y transformar su realidad.

Evidentemente, la función periodística exige formular hipótesis para investigar los hechos o acontecimientos. El periodismo debe aplicar el método científico. No debemos de olvidar que en la construcción del conocimiento científico existe una cuestión epistemológica fundamental. Estemos o no conscientes de su transcendencia: la objetividad – subjetividad del proceso de investigación y sus repercusiones en los resultados.

En toda investigación periodística están presentes, implícita o explícitamente, las posiciones político – ideológicas del sujeto investigador y del medio informativo. La única posibilidad de alcanzar la objetividad informativa, es mostrar la mayoría de versiones. Proporcionar al público todas las opiniones disponibles. La suma de esas subjetividades sería lo más próximo a la objetividad que beneficie a los diferentes sectores sociales.

La tarea primordial del periodista y de los medios, es brindar la información con la mayor representatividad de visiones y opiniones. Es ejercer “el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado”.

Si confirmamos que la profesión del futuro es el periodismo, pues engloba humanismo y tecnología, visualizar los valores éticos en su práctica diaria es difícil. Empero, cada día la prensa y los periodistas debaten, en forma interna o externa, la necesidad de observar las normas morales y jurídicas que implica el ejercicio del derecho de informar y ser informado en una sociedad democrática.

Todo lo anterior, ha sido sintetizado por la UNESCO en la siguiente frase: “El pueblo y los individuos tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad mediante una información precisa y global, así como a expresarse libremente a través de diversos medios de cultura y comunicación”.

Retos y desafíos para los medios de prensa

Los medios de comunicación son canales o vehículos para transmitir mensajes. Tienen gran poder de penetración. Los medios son dirigidos por personas con capacidad económica, política y religiosa. Y responden a esos intereses.

En Guatemala, los medios de prensa, como cualquier ente social, cada día se actualiza. Están en constante renovación. Los medios de prensa, en el marco del ejercicio democrático, están asumiendo la función de intermediarios entre la sociedad y el Estado.

En consecuencia, los medios de prensa no sólo deben informar y opinar, sino que también deben expresar demandas ciudadanas. Deben realizar acciones de monitoreo y evaluación de la gestión pública como ejercicio del poder público.

Para ello, se requiere de una prensa de calidad que contribuya de manera activa al funcionamiento efectivo de la democracia. El primer imperativo ético para los medios es el de “trabajar para construir una prensa serie, confiable, inteligente y propositiva”. Los medios de prensa deben concebir su rol en y para la democracia.

El desarrollo de una prensa activa como medio de renovación social, necesita la práctica del periodismo cívico, sinónimo de periodismo ciudadano, comunitario o público, cuya premisa básica es dar participación a la ciudadanía. Generar debate público es de mayor trascendencia que simplemente ofrecer datos.

El periodismo cívico surge como una forma de construir procesos de participación con la comunidad, a través de los cuales pueda motivarse la organización ciudadana para la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad. El medio de comunicación se convierte en el canal. Constituye el punto de encuentro: periodistas – comunidad – periodistas.

La prensa tradicional o convencional presenta la voz del poder público. El periodismo cívico presenta otros elementos, como la voz de los ciudadanos y ciudadanas en temas puntuales que afectan directamente a su comunidad. Como dice, el Doctor  argentino Fernando Ruiz, presenta “otras voces”.

Como los profesionales del periodismo, siempre planteamos supuestos o cuestionamientos, pregunto: ¿Están los medios de prensa ejerciendo la libertad de expresión con respeto de los derechos humanos, las garantìas constitucionales, las normas éticas y jurídicas?.

Conclusiones

1.       El derecho de informar y ser informado implica el derecho del periodista de buscar información y el derecho de la ciudadanía de estar informada con imparcialidad, pluralismo y profesionalismo periodístico.

2.       Los medios de prensa y los comunicadores departamentales son más vulnerables, económica y políticamente, que los capitalinos por su entorno social comunitario limitado.

3.       El derecho de informar y ser informado encuentra alero en la práctica del periodismo cívico para promover la libertad de expresión como derecho humano universal. Este mandato implica democratizar los sistemas de comunicación para la participación ciudadana.

4.       Para renovar la sociedad y vigorizar la nación, se requiere una prensa activa. Una prensa poderosa, que trabaje en forma positiva, es importante para la renovación de la sociedad. Los y las periodistas debemos contribuir a la construcción de un Estado democrático, intercultural y con justicia social.

Estimados y estimadas colegas: que el espíritu reflexivo y analítico de este seminario internacional, siembre la semilla de la esperanza para convertir nuestras debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades, con dinamismo, responsabilidad y compromiso social para quienes ejercemos “el oficio más hermoso del mundo: el periodismo”.

 Ponencia presentada en: Seminario Internacional: Los retos del periodismo
Ciudad de Guatemala, 13 de septiembre del 2006

lunes, 25 de abril de 2011

Consultor en Ciencias Sociales

Timoteo Tobar Salazar, Licenciado en Periodismo, con estudios superiores en educación, comunicación,  derechos humanos y periodismo judicial, gerencia social y políticas públicas; experiencia profesional en proyectos de organismos de la cooperación internacional.

En su formación académica, cuenta con estudios del máster en dirección de medios de comunicación, máster en derechos humanos y la especialización en seguridad ciudadana; diplomados en ética periodística y manejo de la  información pública; comunicación institucional y relaciones públicas; género, comunicación e interculturalidad; gerencia social y políticas públicas; comunicación para el desarrollo; educación para la democracia; y, formulación de proyectos sociales.

Ha participado en eventos internacionales sobre Seguridad Alimentaria y Políticas Públicas (El Salvador, 2010); Periodismo, Violencia y Pandillas Juveniles en Centroamérica (Honduras, 2006); Comunicación para el Desarrollo (Guatemala, 2002); Periodismo y Proceso de Integración Centroamericana (Costa Rica, 1998); Comunicación Social y Economía Social de Mercado (Bélgica, 1996); Educación Cívica en las Américas como Visitante Internacional (Estados Unidos de América y Puerto Rico 1996); Publicidad a favor de la Infancia (Panamá, 1995); Corrientes Políticas (Portugal, 1993); Comunicación, Desarrollo y Democracia (Guatemala, El Salvador y Honduras, 1992 – 1995).

Tiene experiencia profesional (más de 25 años) en comunicación, periodismo, visibilidad, protocolo y relaciones públicas en proyectos de la cooperación internacional, especialmente europea; trabajo con periodistas y relaciones con medios de prensa a todo nivel; experiencia en diseño, gestión y coordinación de procesos de capacitación de periodistas, comunicadores/as sociales, docentes y estudiantes universitarios de periodismo.

Como gerente de la Cooperativa de Periodistas Departamentales de Guatemala (COOPEDEGUA), ha sido coordinador de proyectos de comunicación, periodismo y educación cívica, con asistencia técnica y financiera de la cooperación internacional, entre otras: Fundación Friedrich Naumann de Alemania, Federación Internacional de Periodistas, IBIS – Dinamarca, ADF-USAID, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), IPEC – Organización Internacional del Trabajo; y, Fundación Konrad Adenauer de Alemania. En dichos proyectos, ha realizado acciones de investigación social, generación y sistematización de información; y, funciones técnicas, administrativas y docentes.

Como consultor independiente, ha trabajado en los siguientes proyectos: Experto en comunicación y sensibilización del Programa de Apoyo a la Reforma de Justicia (Unión Europea); Consultor – docente del Diplomado en Comunicación para la Gestión de Riesgos, dirigido a periodistas de Centroamérica y Panamá (PREVDA – SICA – Unión Europea – INCAP – USAC); Consultor de medios periodísticos del Proyecto “Voz, voto y desarrollo local” (ASDI-GTZ); Coordinador regional del Proyecto de Apoyo al Proceso de Descentralización (Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República – Fundación FADES); Consultor – coordinador del equipo de evaluación del Premio Nacional en Gerencia Social 2005 (Programa INDES – BID, Banco Interamericano de Desarrollo; Consultor adjunto Diagnóstico Rol de los Medios de Comunicación en las Elecciones Municipales 2003 (GTZ – ASIES); Consultor Evaluación del Programa de Divulgación Forestal (INAB – CATIE); y, Consultor Evaluación Cooperativa de Comunicación Rural de Honduras (Fundación Friedrich Naumann de Alemania).

Entre las actividades que ha desarrollado a lo largo de su vida profesional, destaca su vasta experiencia profesional en la elaboración, gestión, asesoramiento, apoyo y articulación de acciones en comunicación, visibilidad y relaciones con los medios de prensa, organizaciones de la sociedad civil, instituciones estatales, organizaciones magisteriales, universidades, centros de investigación, municipalidades y organismos internacionales.

Tiene experiencia en la elaboración de términos de referencia y contratos para consultorías; investigación social participativa; redacción de informes, gestión y sistematización del conocimiento; asimismo, ha diseñado y coordinado acciones de formación, capacitación y actualización profesional del capital humano, dirigidas a diferentes grupos, ha elaborado y validado materiales educativos en temas de derechos humanos y periodismo judicial, comunicación para la gestión de riesgo, educación cívica y proceso electoral participación ciudadana y desarrollo sostenible.

Entre las investigaciones y publicaciones realizadas, se encuentran: El Derecho de informar y ser informado en la gestión pública municipal, investigación publicada en la Revista de Derechos Humanos, No. 7, Proyecto Finlandia de “Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos Humanos en Centroamérica”; El difícil camino a la Escuela, Premio UNICEF, investigación Periodística en el Concurso “Los niños, las niñas y los jóvenes a la Escuela…” publicada en Revista / Memoria por UNICEF y Escuela de Ciencias de la Comunicación, USAC; Construyendo Currículo Educativo en Tiempos de la Globalización, ensayo base para la presentación de la ponencia realizada por la Asociación de Colegios Cristianos de Guatemala en el Congreso Latinoamericano de Educación en Panamá; La Protección ambiental es responsabilidad de todos, investigación periodística  publicada en el Periódico El Nacional / Cooperativa de Periodistas; y, “Los Acuerdos de Paz demandan reforma del sistema educativo”, artículo publicado en el Periódico El Nacional / Cooperativa de Periodistas.

Teléfono: 502-52046404. e-mail: ttobars@gmail.com

viernes, 28 de enero de 2011

La violencia de género en América Central

El género es una variante de suma importancia en el análisis de la inseguridad ciudadana, la cual no se puede examinar desde una sola perspectiva, en virtud de los factores que la producen corresponden a diferentes situaciones objetivas y subjetivas, materiales y psicológicas.

Para explicar el fenómeno de la inseguridad ciudadana es indispensable la confluencia de interpretaciones que relacionen la posición y situación social y familiar de las personas, con dimensiones sociales, económicas y culturales, relacionados factores contextuales e institucionales del Estado respectivo.

Las secuelas de los conflictos armados internos, la desigualdad social y pobreza, la impunidad prevaleciente, la rearticulación y funcionamiento de mafias que controlan el crimen organizado; así como la violencia inducida políticamente, son factores principales que generan la violencia y la inseguridad ciudadana en Amèrica Central, especialmente en Guatemala y El Salvador.

Las teorías criminológicas tradicionales, desconocen la variable de género como violencia familiar o violencia contra la mujer, la cual se produce entre las relaciones de poder masculino, que ha demostrado “una incidencia en la violencia de la pareja sobre la mujer” .

El problema de la violencia sobre la mujer en las relaciones de pareja, tiene diferentes factores, como: la personalidad de los agresores, el abuso del alcohol y otras drogas, la clase social o situación de exclusión social y valores culturales. Asimismo, se considera factores de riesgo: la estructura atomizada y jerárquica de la familia, la problemática social en los barrios, mayores índices de violencia contra la mujer en las ciudades que en las comunidades rurales y los índices globales de actos violentos.

Para Elena Larrauri; Franz Vanderschueren; Lola Vallés y Cristophe Soullez, en Seguridad de las mujeres, consideran que la criminología sólo enumera los factores de riesgo, pero no específica cual es el “fundamental” o la causa última. Exponen que “toda mujer puede ser víctima”, porque “la violencia doméstica no conoce fronteras”, ni “clases sociales” .

La lucha de las mujeres por una vida sin violencia

En la mayoría de los países del mundo, ha sido el colectivo de mujeres que ha hecho conciencia sobre la necesidad de erradicar la violencia de género para lograr el ejercicio pleno de sus derechos humanos como ciudadanas.

La violencia contra la mujer se define internacionalmente (ONU 1994) como "todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada". La violencia puede ser ejercida por otra persona, un grupo de personas o por el Estado, sea por una acción directa o por omisión, lo cual se convierte en situaciones de discriminación y de exclusión.

Las estadísticas regionales arrojan cada vez más el crecimiento del femicidio y del feminicidio en América Latina. Los casos más relevantes se han producido en México, Ciudad Juárez y en Guatemala . La persistencia, características e incremento de los casos ameritan incorporar la categoría de feminicidio al análisis de la violencia de género.

La violencia contra la mujer cobra cada año su cuota de sangre en todo el mundo. Centroamérica no está exenta de este flagelo, principalmente en sus países más pobres como Honduras, El Salvador y Guatemala, donde hay elevados índices de pobreza y aumenta la acción del crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas juveniles y la trata de personas.

Cifras para relexionar

En Honduras fueron asesinadas unas 254 féminas, al 31 de diciembre de 2010; mientras que en Guatemala se reportaron 608, en El Salvador 552, en Nicaragua 69, en Panamá 45 y en Costa Rica 34, según fuentes oficiales.

En esos países, empobrecidos por las políticas neoliberales, las guerras y los desastres de la naturaleza, las precarias condiciones de vida aparecen como el gran detonante de la violencia.

La violencia de la mano con la miseria

La inseguridad en América Central va de la mano con los índices de miseria y sus consecuencias, como el analfabetismo, la carencia de servicios de educación y salud, así como la falta de empleo, entre otros males, consideran expertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Honduras, con una pobreza que alcanza al 73 por ciento de su población, posee unos 36 mil pandilleros; El Salvador, que presenta una pobreza de 42 por ciento, le sigue con 30 mil; y, Guatemala, con 48 por ciento de pobreza, tiene unos 14 mil mareros, según cálculos de los Institutos Nacionales de Estadística.

Criminalidad e impunidad

La periodista Yeanny González Peña, señala que “la mujer no escapa a la criminalidad causada por la delincuencia, las pandillas juveniles y los escuadrones de la muerte, que continúan actuando en la región pese a las políticas de mano dura” .

Esa situación es más evidente en los últimos seis años, cuando los crímenes contra las mujeres se duplicaron bajo el denominador común de la impunidad, denunció el Consejo de Ministras de la Mujer en Centroamérica (COMMCA).

“Ante esas muertes, seguimos escuchando las mismas respuestas: que se trata de ajustes de cuentas, problemas pasionales, pandillas y narcotráfico. Sin embargo, jamás se ahonda en sus verdaderas causas”, explicó Carolina Sierra, coordinadora de la organización.

En El Salvador en octubre último, durante la presentación del informe sobre el Estado de la Población Mundial 2010, la representante en dicho país del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Elena Zúñiga, pidió al gobierno del presidente Mauricio Funes la definición “urgente” de un plan para combatir la violencia contra las mujeres. Esa preocupación, se refleja en el Segundo informe nacional sobre la situación de la violencia contra las Mujeres, presentado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Para la directora de dicha institución, la impunidad se convierte en una peligrosa cómplice de esta realidad, porque el 70 por ciento de los femicidios en El Salvador no recibe sentencia condenatoria en los tribunales de justicia.

La Fundación Sobrevivientes de Guatemala, destaca en su informe parcial 2010, que las formas que ha tomado la violencia contra las mujeres en relación a la saña (desmembramiento de cuerpos) con que se cometen los asesinatos y la indiferencia cada vez más notoria de la población ante estos delitos, connota la des-sensibilización o adormecimiento social para no enfrentar o, a su vez evadir la situación, volviéndose cotidiana la observancia de escenas violentas de manera impasible .

Dicho informe, señala que otro aspecto relevante es el desplazamiento de los grupos autores de hechos delictivos, en tema de cobertura territorial, sumado al involucramiento cada vez más numeroso de adolescentes como autores materiales de los sucesos evidencia el control que están adquiriendo estos grupos que funcionan al margen de la ley.

La falta de acciones por parte de las instituciones estatales responsables de brindar seguridad y justicia es más que evidente, luego de la falta de planes claros para reducir este flagelo que afecta a la sociedad centroamericana.

sábado, 15 de enero de 2011

El Derecho a la alimentación en América Central

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición.

Los derechos humanos, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales han sido reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.

En ese sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son los principales instrumentos internacionales que establecen el derecho a la alimentación de todos los seres humanos y marcan las pautas que deben observar los Estados Parte y los territorios bajo su jurisdicción.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, consagra una serie de derechos universales, inviolables e inalienables, intrínsecos a la naturaleza humana, los cuales deben de ser considerados superiores a cualquier otra legislación nacional o internacional. Esta Declaración contempla un amplio rango de derechos, desde los civiles y políticos a los económicos, sociales y culturales, sin separaciones o diferencias entre unos y otros.

El Derecho a la Alimentación fue definido en su artículo 25 y, desde el punto de vista jurídico, forma parte de los derechos de los sociales, económicos y culturales. Dentro de estos derechos, también están el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud y al trabajo.

Como la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene tan solo un valor ético, fue necesario que las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, en 1966, el cual entró en vigor en 1976. Este Pacto tiene carácter vinculante y establece la obligatoriedad en su cumplimiento por parte de los Estados firmantes .

En su artículo 11 se reconoce "el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre". El PIDESC impone a los Estados Partes la obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras a lograr el objetivo de garantizar estos derechos, y por lo tanto, también el derecho a la alimentación, a sus habitantes.

Los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" (1966), reconociendo que los derechos esenciales del ser humano tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; proclaman en San Salvador, El Salvador (1988), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" .

En su artículo 12 establece el Derecho a la alimentación como un derecho a una nutrición adecuada para asegurar a toda persona, la “posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual”; mientras que los Estados partes, se comprometen a “hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición”.

Por su parte, la Observación General Nº12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del PIDESC (1999), considera que “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”.

A nivel nacional, en la Constitución de la República de El Salvador , el derecho a la alimentación, no se menciona específicamente, pero hace referencia al derecho de los trabajadores, a la seguridad social, a la educación y a la salud. Tampoco tiene una ley ordinaria que regule el derecho a la alimentación. Sólo se cuenta con un Proyecto de ley del Sistema Nacional de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional 2008 y una política nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que data de 2003.

Sin embargo, la Carta Magna Salvadoreña, contempla en su Artículo 144, que “Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución”. Además, en “caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado”.

Eso significa que el derecho a la alimentación, es derecho positivo en la República de El Salvador. Razón por la cual, el Estado tiene la obligación de proteger y promover el acceso a una alimentación adecuada, para respetar “la dignidad de la persona humana, en la construcción de una sociedad más justa, esencia de la democracia y al espíritu de libertad y justicia, valores de nuestra herencia humanista” .

El estudio de caso que el grupo 2 presenta, se analiza desde el enfoque de los derechos humanos, porque el derecho a una alimentación adecuada es fundamental para el disfrute de todos los derechos consagrados en los tratados internacionales y en la Constitución de la República de El Salvador.

Referencias bibliográficas

Asamblea Nacional Constituyente (1983). Constitución de la República de El Salvador, Decreto Número 38 del 15 de diciembre de 1983 y sus Reformas de 2003.

Organización de Estados Americanos (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica".

Organización de Estados Americanos (1988). Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador".

Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos.

Organización de las Naciones Unidas (1966). Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.