La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y del desarrollo humano. Involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores, entre los cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos humanos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales; y, el escenario nacional, regional e internacional.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2010), “la seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobernados”.
En ese contexto, los Estados tienen una deuda social con la ciudadanía, principalmente en regiones como África y América Latina, que reportan los índices más altos del mundo en términos de violencia homicida .
Los temas de la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia, han tomado gran importancia en los organismos de las Naciones Unidas desde mediados de los 90, en respuesta a la preocupación de los gobiernos de América Latina. La lucha contra la inseguridad y la violencia comenzó a figurar entre los principales temas de la agenda y planes de desarrollo de los países para asegurar la gobernabilidad democrática y la convivencia social.
La violencia no solo tiene un alto impacto social y de gobernabilidad, sino también presenta un reto a los gobiernos por sus costos, tanto públicos como privados y sus efectos en la inversión nacional y extranjera, especialmente en los países con marcada inseguridad pública, impunidad, inseguridad jurídica y violación de los derechos fundamentales del ser humano. Esta situación, repercute en el crecimiento y progreso de los pueblos, porque sean confirmados efectos negativos en el desarrollo humano.
La mano dura para copar la conciencia colectiva
El fenómeno de la inseguridad ciudadana, se presenta como un elemento distorsionador para la dinámica democrática, pero también constituye una bandera para políticos partidistas con la finalidad de ganar adeptos, ofrecen impulsar acciones de “mano dura” para detener la ola de violencia y la comisión de delitos contra la vida. Esto implica, incrementar la presión punitiva; reducir las garantías procesales y/o bajar la edad de imputabilidad para aplicar el derecho penal de adultos a la niñez y adolescencia en conflicto con la ley .
Bernardo Kliksberg , argumenta que la “mano dura” se presenta como la salida providencial para responder a la sensación de inseguridad. Explica que dicha política es “exitosa en copar la conciencia colectiva de la sociedad”. La mano dura no es un movimiento espontáneo, sino una ideología apoyada en teorías muy cuestionadas, incluso en sus lugares de origen.
En Honduras, El Salvador y Guatemala, tres de los países latinoamericanos con mayores indicadores de inseguridad, las acciones de mano dura han vulnerado el respeto de los derechos humanos y las garantías procesales garantizadas en los convenios internacionales y en sus propias Constituciones Políticas.
En Honduras y El Salvador, se trató de enfrentar en la presente década, el crecimiento de las maras con leyes de mano dura, que permiten entre otras cosas, encarcelar a una persona por el simple hecho de tener un tatuaje o por tener apariencia de pertenecer a una mara. En los primeros meses de su vigencia, creció el número de personas detenidas, pero los homicidios continuaron incrementándose. Promedio de 46 homicidios por cada 100 mil habitantes (2007).
En Guatemala, si bien no cuenta con una ley antimaras aprobada por el Congreso de la República, persiste el enfoque de mano dura y limpieza social en la conciencia colectiva. El índice de homicidios en 2007, alcanzó 35 por cada 100 mil habitantes. Hay más detenciones, más personas en prisión preventiva y más imputaciones del Ministerio Público, pero menos investigación criminal, que da como resultado: menos sentencias y más absoluciones por falta de mérito. Según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el país registra una impunidad del 98 por ciento.
Para Bernardo Kliksberg, “la mano dura ha fracasado porque, entre otros problemas, tiende a responder indistintamente a las diversas formas de criminalidad”, lo cual “impide diseñar políticas diferenciadas para problemas que son diferentes”.
Por su parte, la CIDH en su Informe de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, considera que “la falta de una adecuada respuesta del Estado ante la violencia y el delito, en ocasiones ha conducido a reproducir lógicas de relacionamiento social fundadas en la intolerancia y la estigmatización de personas o grupos de personas, favoreciendo la aparición de casos de violencia extralegal, de los cuales son responsables los llamados grupos de “limpieza social”, como “escuadrones de la muerte” o grupos parapoliciales y paramilitares”.
La violencia, fenómeno multicausal
Las magnitudes de faltas, delitos y crímenes presentadas por diferentes fuentes (policía, fiscalía, institutos de estadísticas y medicina legal) han ido incrementándose a pesar de sus diferencias en cifras. En algunos países de Centroamérica como El Salvador, Guatemala y Honduras, las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes han pasado de rangos de 20 a 35 homicidios, en la década de los 90, a rango promedio de 45 homicidios en la década actual. Las ciudades más afectadas han sido las de mayor crecimiento económico puesto que atraen flujos migratorios.
Los desastres, provocados por fenómenos naturales, que recurrentemente afectan a Centroamérica han sido otro de los factores que ha aumentado la violencia, explicándose esto por cuanto incrementan los problemas de desigualdad del ingreso y la pérdida de empleos que son causas directas de la violencia.
La cultura de guerra que se vivió en varios de los países centroamericanos ha fraccionado el tejido social y las instituciones de seguridad y justicia. Gran parte de los afectados han sido las generaciones jóvenes que aún no han logrado insertarse en la nueva democracia.
El fenómeno de la violencia es multicausal con efectos diversos. A la gama de delitos y formas de violencia, pueden asociarse múltiples explicaciones (biológicas, psicogenéticas, sicológicas, sociales, de guerra, culturales, y políticas). Así mismo, se asocian como causas factores estructurales (desigualdad del ingreso, cultura de guerra, valores sociales, etc.) y factores de riesgo (porte de armas, alcohol, drogas y prostitución entre otros).
Acciones múltiples a todo nivel
Dadas las múltiples causas y los diversos efectos de la violencia, se precisan acciones múltiples de respuesta, que conllevan acciones inmediatas para controlar, prevenir y/o reprimir la violencia; mientras que las acciones de mediano y largo plazo deben estar dirigidas a tratar la raíz de los problemas. El problema requiere el accionar conjunto de los diferentes niveles del Estado y de la sociedad civil.
En ese sentido, Jorge Sapoznikov , propone medidas de control, represión y prevención para enfrentar la problemática de la violencia, a nivel nacional y municipal con la participación de los gobiernos locales y la sociedad civil organizada.
El rol de los medios de comunicación masiva
Es arriesgado afirmar que “la creciente sensación de inseguridad (…) es alimentada por los medios de comunicación masiva (…), por un aumento sin precedentes de los índices de comisión de delitos en estos últimos diez años, en particular los homicidios dolosos” .
Los medios masivos de comunicación “bombardean permanentemente con noticias de crímenes, asesinatos, robos”, asegura Bernardo Kliksberg . Sin embargo, considero que los medios no generan la inseguridad, ni la violencia, ni el delito. Sólo informan de los sucesos. Cómo lo informan, eso es discutible.
De acuerdo con Mauricio Salinas Escobar y Loreto Hoecker , “una cosa es el hecho delictual y otra cosa es el hecho comunicacional. Hoy en día un solo delito puede dar lugar a millones de hechos comunicacionales”.
Para las instituciones del sector seguridad y justicia, es imprescindible reconocer que el manejo de los medios es un componente indispensable que, junto a otras acciones, puede incidir en la difusión de nuevas propuestas, atención a determinadas demandas, reformas y mejora de las condiciones de vida de grupos específicos y la sociedad en general.
En ese sentido, es necesario generar corrientes de opinión pública favorables al fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia, a través de incidir directamente en las agendas de los medios de prensa, que trasladan información, mensajes, análisis, opiniones y reflexiones hacia el conjunto de la ciudadanía. Para ello, los procesos de formación, capacitación y actualización profesional de los equipos de periodistas reporteros/as de prensa, es una valiosa herramienta para mejorar la cobertura periodística de la información judicial con un periodismo respetuoso de los derechos humanos y las garantías constitucionales de las personas en conflicto con la ley penal.
La seguridad ciudadana, un derecho garantizado constitucionalmente
La Constitución Política de la Republica de Guatemala, vigente desde enero de 1986, está inspirada en los postulados de la Carta Internacional de Derechos Humanos, porque recoge los preceptos que directa e indirectamente conforman el sistema procesal penal. Contiene principios generales que fundamentan los derechos humanos y las garantías procesales. Estas garantías constitucionales, constituyen la base jurídica del debido proceso, como la detención legal, la notificación de la causa de detención, presentación ante juez competente, derechos del detenido, interrogatorio a detenidos, derecho de defensa, presunción de inocencia y publicidad del proceso.
La garantía suprema que la Constitución brinda al proceso penal tiende a asegurar la vida, la libertad, la seguridad, la paz y el desarrollo de la persona humana.
Las debilidades institucionales del Estado guatemalteco, en buena medida producto de más de treinta y seis años de enfrentamiento armado y de la debilidad fiscal del Estado; inciden en las posibilidades de construir un Estado de Derecho sólido. Además, de las acciones de fortalecimiento de las instituciones del sector seguridad y justicia, en todos los niveles, es necesario abordar el desconocimiento que tienen muchas personas, respecto de los derechos plasmados en la Constitución Política y las leyes ordinarias que salvaguardan el sistema jurídico de protección de la persona, contra la amenaza a su integridad y la vida como elementos de conservación de la sociedad.
Es importante tomar en cuenta que, por diferentes razones, en buena parte de la población del país hay desconfianza en las instituciones responsables de hacer cumplir y velar porque las leyes se cumplan, requisitos elementales mínimos para la constitución de un Estado de Derecho. Este desconocimiento contribuye a que las personas se encuentren desprotegidas y, en momentos de necesidad, sin saber a dónde acudir para hacer valer sus garantías elementales.
A manera de conclusión
Las políticas de seguridad ciudadana deben formularse desde la perspectiva de la seguridad humana, garantizando los derechos humanos y el desarrollo como condiciones interdependientes para la convivencia democrática.
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